Febrero de 2024. La implementación de las Tecnologías 5G fue analizada durante Jornada Técnica realizada el 22 de febrero, en el Auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Expertos en la materia compartieron sus criterios técnicos, con el objetivo de generar soluciones para que, a través de esta tecnología, el país pueda seguir en desarrollo.
El MSc. Luis Adrián Salazar S., hizo el diagnóstico; y el panel estuvo integrado por la Licda. Johana Obando B., Diputada de la República por el PLP; Ing. Yandell Salazar S., Experto del CFIA; y el Lic. Andrés Oviedo G., Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cámara de Infocomunicación y Tecnología (INFOCOM). La moderación estuvo a cargo del Lic. Erick Murillo V.
La Ing. Sandra Vega G., Directora de la JDG CFIA mencionó que, “es clave reiterar que el Estado tiene la obligación de fomentar la libre competencia y reglas muy bien establecidas para las partes involucradas, que le permitan a los sectores coexistir en igualdad de condiciones. No es admisible que los operadores privados y el público, enfrentan distintos obstáculos a la hora de desarrollar redes de 5G, por ejemplo: contratación pública, infraestructura, disponibilidad del espectro, etc.”
A continuación, las propuestas del CFIA para la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica:
- El país debe establecer una política pública que incentive el desarrollo de las telecomunicaciones y que sea justa para todos los actores: operadores públicos y privados, gobiernos locales, instituciones como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como para los usuarios, todo con el objetivo de reducir la brecha digital.
- Se requiere una estrategia país que permita ser pionero en el uso de las tecnologías 5G, de modo que se facilite su implementación, a través de descuentos, incentivos y exenciones (por los primeros 2 años al menos). Estas medidas deben ser establecidas tanto por el Gobierno Central, como por los gobiernos locales, y ser ejecutadas por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).
- Es necesario que el país avance en la subasta del espectro, la cual está detenida por la no conformación del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). Las asignaciones y concesiones se deben guiar por criterios de eficiencia, eficacia, impulso al crecimiento y la productividad, democratización de los servicios finales y desarrollo social, y se debe evitar el uso de sistemas que premien o castiguen por criterios políticos.
- La competencia de los operadores públicos y privados es asimétrica. La regulación que se aplica a empresas públicas en muchos casos impide la inversión y el desarrollo. Además, por Ley, se le han otorgado responsabilidades al operador estatal que responden a negocios deficitarios, y esto no se ha ajustado posterior a la apertura del mercado, como sí ha sucedido en otros países de la región. Se debe revisar la legislación en busca de mayor eficiencia e igualdad de condiciones para todos los actores.
- Actualmente, la normativa no permite agilidad en la implementación de las tecnologías 5G; y para resolverlo se han presentado iniciativas legales que pretenden consentir el uso de infraestructura pública y compartida. Algunas propuestas se encuentran en la Asamblea Legislativa y otras ya han sido aprobadas, pero es necesario su avance y reglamentación.
- Deben revisarse los trámites para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, pues dependiendo del municipio, el otorgamiento del permiso puede tardar varios meses.
- El país debe tomar un acuerdo en el que participen todas las partes interesadas en materia de ciberseguridad. Los operadores y cámaras, con apoyo de los colegios profesionales, deben asegurarse de que las decisiones políticas se tomen con base en criterios técnicos y que no vayan en perjuicio del erario. Deben ser analizadas todas las alternativas posibles o, en su defecto, compensar de alguna manera el incremento de costos que van a generar las medidas tomadas por el gobierno.
- En Costa Rica, la regulación y los tratados comerciales que se han suscrito en el pasado promueven la neutralidad tecnológica, esto implica que los operadores puedan desarrollar la tecnología que sea viable, siempre que sea de vanguardia. Desarrollar una red nueva, con criterios de ciberseguridad particulares, como lo sugiere el Decreto N.º 44196 promulgado por el Gobierno, es un proceso oneroso que impacta directamente las estrategias de negocio de los operadores, y en el caso del operador estatal, representa un riesgo, ya que está obligado a hacer uso eficiente de sus recursos económicos por ser fondos públicos.
- Las tecnologías 5G permiten grandes avances en áreas como la telemedicina, propicia la mejora en procesos productivos, vehículos autónomos y hogares inteligentes, entre otros; por esto, la pronta implementación, unida a otros beneficios como el uso de energías limpias, la ciberseguridad, etc., pueden convertir a Costa Rica en un centro de datos para Centroamérica, atrayendo inversión, riqueza, y oportunidades laborales para los profesionales en ingeniería y para nuestros empresarios.
Es oportuno indicar que la MSc. Paula Bogantes Z., Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), declinó la participación por motivos de agenda.