Ing. Daniel Acuña Ortega
Estamos viviendo un punto de inflexión, diferente a otros anteriores, que se refleja en tres aspectos esenciales para el ser humano: tecnología, medioambiente y política. La tecnología se nos ofrece poderosa en todos los ámbitos: laborales, educativos, y de salud; sobre el medioambiente, si no tomamos las decisiones adecuadas ahora, no habrá futuro para nadie; y finalmente en el plano político, la sociedad exige ahora ser escuchada, tener acceso a la información y un trato igualitario sin importar su condición económica o su residencia. Estos elementos exigen de los administradores públicos mayor atención, tomar en cuenta la tecnología disponible, la sustentabilidad de los procesos y la participación de los actores principales en el desarrollo urbano: ciudadanos, ingenieros topógrafos, abogados, arquitectos y municipios. Sentimos, que el proceso de modificación del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (RCNFU) ha ignorado estas premisas.
Desde el 2015, cuando el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) propuso la modificación del RCNFU, el Colegio de Ingenieros Topógrafos (CIT) estudió la propuesta, hizo observaciones y se mostró abierto al diálogo para este proyecto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del INVU. El CIT es consciente y respetuoso de la potestad legal del INVU para regular el desarrollo urbano; por ello, nuestra posición ha estado enfocada en el respeto al ordenamiento jurídico y la institucionalidad costarricense, con procesos de inscripción de documentos claros para todos los actores. Desde esa perspectiva, se han realizado una serie de observaciones al RFNFU. Una de ellas tiene relación directa con el cobro de los visados que, aunque ha sido reducido (₵40 510,00) + IVA; por las nuevas definiciones, miles de planos que las corporaciones municipales visan sin coste, irían al INVU. Por otra parte ¿Es el cobro razonable?
Otra observación es sobre la capacidad operativa del INVU. ¿Dispondrá este de la cantidad de personal (profesionales en topografía) necesaria para atender esta alta demanda de servicios? La otra gran cuestión que ha planteado el CIT es acerca de las nuevas definiciones de fraccionamiento con fines urbanísticos. Con la posible modificación del artículo 6, inciso 48, miles de documentos irían al INVU. Si quedase así ¿Cuántos días o semanas más hay que agregar a cada plano? ¿se harán inspecciones a todos los documentos que se reciban? Según el propio reglamento se indican 15 días hábiles por plano. Junto a más días, hay más costos: la exigencia de planos certificados. Hoy se dispone de un enlace digital al Registro Nacional para cualquier revisión en la base de datos original. ¿Para qué entonces certificaciones?
Ante estos hechos y el tiempo agotándose, el CIT inició una campaña de divulgación, con el acompañamiento de diputados, municipios, federaciones de municipalidades y otras cámaras, para informar a la sociedad costarricense de las afectaciones que podrían sobrevenir con la implementación de este reglamento tal y como está redactado en la actualidad. Esta ya rindió un primer fruto: el aplazamiento de la entrada en vigencia del Reglamento y el establecimiento de una mesa de diálogo en donde participan otros actores como las municipalidades y diputados de la Asamblea Legislativa. El mensaje nuestro es: Necesitamos un instrumento en cuya redacción participen todos los actores y se logre culminar con un Reglamento acorde a nuestro tiempo, respetuoso del ordenamiento jurídico para el bien del país y que sea un instrumento para el desarrollo.
Nuestra lucha, rindió los primeros frutos a inicios del año 2020, donde contamos con la anuencia del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y con la rectoría del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, para iniciar una mesa de trabajo en conjunto, y posponer la entrada en vigencia de este reglamento, con el fin de mejorar y revisar el documento. Del 17 de enero del presente año a la actualidad se han llevado a cabo 6 reuniones, donde se han incorporado diversos actores, con el fin de analizar temas de relevancia como lo son los fraccionamientos con fines urbanísticos, cesión de áreas públicas, acceso excepcionales para uso residencial, fraccionamientos sin servicios, requisitos, posibles limitaciones a la propiedad y diferenciación grosera entre población de zonas rurales y urbanas entre otros. Al día de hoy se han concretado acuerdos conceptuales, faltan acciones concretas para culminar la gestión del mejor reglamento posible que rija el ordenamiento y planificación de nuestro país. Parafraseando a don José Figueres: “Hemos heredado un pasado lleno de virtudes, por ello estamos en la obligación de aportar ideas hoy y mejorar el presente, a fin de tener un futuro mejor.”