Un nuevo informe revela que, aunque la economía crece y el empleo se recupera, el déficit habitacional y la falta de planificación territorial mantienen en jaque a miles de familias costarricenses.
Lunes 25 de agosto. En el marco de la presentación oficial del Balance de la Situación y Tendencias del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos 2024: Avances, obstáculos y desafíos, expertos advirtieron que el país enfrenta una de sus mayores deudas sociales: el acceso a una vivienda adecuada.
El informe señala que, pese al crecimiento económico del 4,3% en 2024 y la generación de más de 112.000 empleos, las oportunidades de acceso a la vivienda no han mejorado. Se han otorgado menos bonos de vivienda y las condiciones de crédito no han mostrado un avance significativo. En su cálculo tradicional, el déficit habitacional se estima en 145.184 unidades; sin embargo, al incorporar las viviendas en condición regular, la cifra asciende a 718.495, lo que representa el 40% de los hogares costarricenses.
Desigualdades y obstáculos
- La Región Huetar Caribe, en términos relativos o porcentuales, concentra la mayor necesidad de vivienda nueva, el 12,3% de los hogares.
- Aunque el 97% de las casas reportan acceso a agua potable, las interrupciones constantes y la mala calidad del servicio generan denuncias frecuentes.
- Entre 2022 y 2024 se dejaron de entregar más de 9.000 bonos familiares de vivienda, lo que equivale a suspender un año completo de inversión en este subsidio.
- El 19% de los hogares vive en alquiler, con casi la mitad de estas viviendas ocupadas por jóvenes de 15 a 39 años, principalmente en las zonas urbanas.
“El déficit habitacional no es solo una cifra fría: detrás de esos números hay familias que viven en condiciones inadecuadas y comunidades enteras que siguen esperando soluciones. Necesitamos políticas más focalizadas y territoriales para atender estas desigualdades”, afirmó Franklin Solano Castro, investigador y coautor del capítulo de indicadores de vivienda del informe.
Suelo caro y falta de planificación
En la Gran Área Metropolitana, el precio promedio del metro cuadrado del suelo es de US$285, pero llega hasta US$1.837 en zonas céntricas, lo que encarece los proyectos de vivienda asequible. A esto se suma que solo 44 de los 84 cantones cuentan con planes reguladores vigentes, muchos obsoletos, debilitando la capacidad de ordenar el crecimiento urbano.
Propuestas para transformar la realidad habitacional
El documento plantea medidas concretas para revertir esta situación:
- Fortalecer la rectoría del Ministerio de Vivienda y crear un Banco de Suelo Urbano.
- Implementar un bono de alquiler social y programas de leasing habitacional.
- Declarar la vivienda social como infraestructura prioritaria, agilizando trámites en instituciones públicas.
- Ampliar el financiamiento para la clase media, incluso mediante bonos sociales de inversión.
- Rediseñar los bonos familiares para que sean más sostenibles (recuperar total o parcialmente la inversión realizada) y focalizados en territorios de mayor necesidad.
Un llamado urgente
“El derecho a la vivienda adecuada sigue siendo uno de los grandes desafíos del país. El crecimiento económico no basta si no se traduce en hogares seguros, inclusivos y asequibles”, concluye el informe.
La Presidencia del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), Ing. Rita Arce L., explicó que “Desde el CFIA, somos consciente de la importancia de fortalecer la vivienda en nuestro país, y sobre todo, el acceso y opciones a las poblaciones más desatendidas. Dentro del estudio se señala una gran desigualdad en la cantidad de construcciones que existen en todos los distritos del país, por lo que, es un tema de debe atenderse.”
Por su parte, Minor Rodríguez subrayó el papel estratégico de la investigación para la toma de decisiones: “Este informe es un llamado de atención para todo el país. No basta con crecer económicamente; debemos transformar ese crecimiento en bienestar social, en hogares seguros e inclusivos para la gente. La vivienda adecuada es un derecho y una oportunidad para el desarrollo, que no puede seguir postergándose.”
La presentación de este documento marca un hito en la discusión pública y busca generar consensos entre instituciones, municipalidades y sociedad civil para garantizar un futuro con hogares dignos para todas las familias costarricenses.
Descargue el Informe Completo AQUÍ.