Autora:
María Elena Rojas Campos
Correo: melenarojasc@gmail.com
En Costa Rica, la salud ocupacional ha evolucionado de ser un enfoque preventivo general, a convertirse en una disciplina técnica y estratégica dentro de la gestión organizacional y del desarrollo humano sostenible. Ante esta transformación, surge una necesidad fundamental de regular adecuadamente el ejercicio profesional de los ingenieros en salud ocupacional y carreras afines, a fin de garantizar que las personas que ocupan funciones críticas para la vida, la salud y el ambiente laboral cuenten con formación, competencias y responsabilidades claramente definidas por ley.
El ejercicio profesional regulado no se trata únicamente de limitar quién puede trabajar en el campo, sino de establecer un marco de protección para las personas trabajadoras, el entorno laboral y la sociedad en su conjunto. Los ingenieros en salud ocupacional desempeñan funciones vitales: desde el diseño de planes de emergencia, la evaluación de riesgos complejos, la implementación de sistemas técnicos de ventilación y supresión de incendios, hasta la formulación de estrategias de prevención ante sustancias químicas o agentes biológicos peligrosos, entre otras funciones esenciales para garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores.
En este contexto, la ausencia de regulación específica puede abrir la puerta a la improvisación, a prácticas irresponsables o a la intromisión de profesionales no calificados en ámbitos de alto riesgo, lo cual pone en entredicho la seguridad jurídica, técnica y ética de muchas decisiones.
Un ingeniero en salud ocupacional no solo posee conocimientos sobre seguridad e higiene, sino también sobre ergonomía, toxicología laboral, factores psicosociales, epidemiología laboral, normativas nacionales e internacionales, legislación laboral, gestión ambiental y sistemas integrados de prevención de riesgos. La ingeniería le confiere una capacidad analítica, de diseño y firma de documentos técnicos complejos, que otras profesiones o niveles académicos no siempre pueden asumir.
Por ello, el reconocimiento legal del título y la incorporación a un colegio profesional es fundamental, pues esto no solo garantiza que el profesional ha sido debidamente formado, sino que también permite una fiscalización de su actuar ético y técnico, resguardando los intereses públicos y brindando un mecanismo de actualización constante, necesario en carreras que como esta, evolucionan constantemente.
Permitir que cualquier persona diseñe planes de emergencia, realice evaluaciones de riesgo o certifique ambientes laborales sin un respaldo legal, profesional y técnico adecuado, abre la posibilidad a omisiones graves, negligencias o acciones que podrían desencadenar accidentes, enfermedades ocupacionales e incluso fatalidades, que afecten a los trabajadores y a sus patronos.
Además, se genera un desbalance en el mercado laboral, ya que profesionales formados y colegiados compiten en condiciones desiguales con personas que, sin cumplir los mismos requisitos, ofrecen servicios por debajo del costo técnico, lo que a su vez desvaloriza la profesión y debilita la cultura de la prevención en el país.
Una regulación efectiva no debe ser excluyente, sino jerárquica y progresiva; es decir, establecer qué tipo de funciones puede ejercer un técnico, un bachiller, un licenciado o una persona con postgrado, según su nivel de formación. Esta diferenciación promueve una distribución adecuada de responsabilidades y fomenta una cultura profesional responsable, sin menospreciar el rol de cada nivel.
Regular formalmente el ejercicio profesional de los ingenieros en salud ocupacional permite:
- Proteger la salud y vida de los trabajadores, mediante la implementación de medidas basadas en evidencia técnica o científica.
- Resguardar a las empresas ante sanciones, aumentos desmedidos en primas de las pólizas de riesgos de trabajo, accidentes o demandas laborales por negligencias evitables.
- Fortalecer la cultura preventiva en el país, contribuyendo a crear entornos laborales más seguros y sostenibles.
- Mejorar la calidad del ejercicio profesional, garantizando que quienes diseñan o aprueban medidas de alto impacto estén legalmente facultados.
- Fomentar el respeto y reconocimiento de la profesión, incentivando a más jóvenes a formarse y especializarse con altos estándares.
Costa Rica necesita avanzar hacia un marco normativo que reconozca oficialmente a los ingenieros en salud ocupacional como actores claves en la gestión del riesgo laboral, en igualdad de condiciones con otras ingenierías. La regulación del ejercicio profesional no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida entre el Estado, los colegios profesionales, las universidades y la sociedad.
Garantizar que las personas que diseñan, firman e implementan medidas críticas en salud ocupacional estén debidamente formadas, reguladas y supervisadas, es un paso esencial para proteger la vida humana, mejorar la competitividad del país y promover un verdadero desarrollo sostenible.